En medio del debate sobre la penalización absoluta del aborto en República Dominicana, un nuevo proyecto de ley propone una vía legal para proteger al personal médico que practique abortos en casos de niñas embarazadas producto de violación o incesto.
La iniciativa, presentada por la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Margarita Tejeda, y respaldada por otras 35 legisladoras, forma parte del plan legislativo denominado “Déjala Ir” y propone que el presidente de la República pueda emitir indultos anticipados como medida humanitaria para estos casos excepcionales.
El artículo 14 del proyecto de ley sobre protección integral a víctimas de violencia y coerción reproductiva establece que, ante situaciones extremas, el Ministerio de Salud podrá actuar en coordinación con el Ministerio Público. Si una niña embarazada por violación —o su tutor legal— solicita la interrupción del embarazo, se deberá informar al juez competente. Este podrá emitir una “decisión urgente” dirigida al presidente, quien podrá utilizar ese dictamen como base para emitir medidas humanitarias, entre ellas el indulto anticipado.
“Dado que la legislación penal dominicana actualmente no contempla causales de interrupción legal del embarazo, el sector salud se ve limitado en los casos de niñas embarazadas por violación”, establece la propuesta.
Aunque el proyecto no define con precisión el alcance de las “decisiones humanitarias”, menciona explícitamente la posibilidad del indulto anticipado, una figura legal que se concede incluso antes de que se emita una sentencia definitiva.
Con esta medida, las proponentes buscan proteger tanto a las niñas víctimas de abuso sexual como al personal médico, evitando que enfrenten consecuencias penales por asistir en procedimientos destinados a preservar la salud mental de las menores afectadas.
