El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, reveló que el juez que conoció la audiencia de medida de coerción contra los imputados del caso de corrupción del Servicio Nacional de Salud (Senasa) realizó severas valoraciones sobre la conducta atribuida a los acusados.
La llamada Operación Cobra, según el Ministerio Público, destapó un entramado de corrupción que habría desviado más de 15 mil millones de pesos del Senasa, además de dos mil millones en sobornos.
A su salida del tribunal, Camacho explicó que el magistrado Rigoberto Sena reconoció la naturaleza “atroz” de los hechos, describiéndolos como “muy graves y crueles”, al tiempo que los interpretó como una traición y una “locura colectiva”.
Incluso, según indicó, el juez llegó a compararlos con un holocausto, por el nivel de daño causado.
“Los ha entendido como una traición”, dijo Camacho a los periodistas.
De acuerdo con el representante del Ministerio Público, estas consideraciones del juez sustentaron la decisión de imponer prisión preventiva a siete de los imputados, mientras que a los otros tres se les dictó arresto domiciliario, además de garantías económicas e impedimento de salida del país.
No obstante, precisó que los diez imputados permanecen privados de libertad.
“En sentido general, los 10 imputados presentados en este proceso están privados de libertad”, subrayó.
Camacho sostuvo que el Ministerio Público continuará las investigación de este caso para que los imputados respondan ante el banquillo de los acusados por los hechos que se les atribuyen.
Informó que el órgano acusador trabaja en una nueva fase del caso, a la que denominó versión 2.0, que será presentada en el futuro. No especificó fecha.
Sin embargo, aseguró que el equipo del Ministerio Público trabajará día y noche para robustecer la acusación.
Cientos de personas exigieron prisión preventiva para el principal imputado del caso de corrupción: Santiago Hazim, exdirector del Senasa (2020-2025), durante una protesta masiva en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Y otros cientos de agentes policiales resguardaron cada perímetro del Palacio de Justicia.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa ha calificado el caso como el más grave en la historia del país.
“Esto es más grave de lo que uno piensa, porque lo que ha ocurrido aquí ha sido un genocidio”, dijo Ángelo Vásquez, presidente de la Antigua Orden Dominicana.
