Desde este 1 de enero de 2026, entro en vigor el nuevo impuesto del 1% a las remesas en efectivo, giros postales y cheques enviados desde Estados Unidos. Esta medida fue establecida bajo la ley One Big Beautiful Bill, que tiene como objetivo gravar las transferencias de dinero realizadas por migrantes, excluyendo las realizadas por ciudadanos estadounidenses.
El nuevo impuesto afecta principalmente a los migrantes que envían dinero a sus países de origen de forma regular, en efectivo, cheques o giros postales. Según fuentes de la empresa especializada en envíos de dinero Wise, este impuesto podría tener un impacto considerable sobre aquellos que no cuentan con cuentas bancarias o acceso a transferencias digitales. Sin embargo, las transferencias bancarias o digitales estarán exentas de este nuevo tributo.
A pesar de las controversias que ha generado la medida, sobre todo por la falta de acceso bancario de muchos migrantes en EE.UU., México ha anunciado una alternativa para sus ciudadanos, implementando una tarjeta bancaria que permitirá hacer transacciones de hasta US$10,000 por mes, con una tarifa fija de solo US$2.50 por transacción. Esta opción busca minimizar los efectos negativos de la medida y evitar que las remesas disminuyan en un contexto económico ya de por sí vulnerable.
Impacto en América Latina y el Caribe
El impacto del impuesto no se limitará solo a los migrantes mexicanos. Se espera que también afecte a países como India, Filipinas, China, y diversas naciones de América Latina y el Caribe, incluyendo a la República Dominicana. Según el economista Dilip Ratha, del Banco Mundial, Estados Unidos es el principal emisor de remesas hacia América Latina y el Caribe, regiones que dependen en gran medida de estas transferencias para sufragar necesidades básicas y enfrentar crisis humanitarias.
En el caso de República Dominicana, se estima que el nuevo impuesto podría reducir las remesas en aproximadamente US$234 millones al año, según un informe del Center for Global Development. Este fenómeno podría afectar al 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, ya que las remesas representan una porción crucial de los ingresos de muchos hogares dominicanos.
Reacciones y excepciones
La implementación de este impuesto ha generado diversas reacciones. El economista Luis Manuel Piantini considera que, aunque el 1% de impuesto a las remesas no es significativo en comparación con los costos de envío de dinero en la región, debería ser asumido por las empresas locales de remesas para evitar que los migrantes vean reducidos sus envíos. Piantini destaca que las remesas anuales en República Dominicana ascienden a unos US$10,000 millones, lo que resalta la importancia de preservar este flujo económico.
Por su parte, Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Escuela de Economía de la UASD, señala que el impacto en el país será marginal, ya que el impuesto afectará principalmente a los migrantes indocumentados. En República Dominicana, alrededor de 400,000 hogares dependen de las remesas, lo que representa aproximadamente el 26% de los ingresos totales de los hogares que las reciben.
Además, la ley establece excepciones para los ciudadanos y nacionales de Estados Unidos. Estos no estarán sujetos al impuesto si las remesas se realizan a través de proveedores calificados que estén registrados ante el Departamento del Tesoro. En estos casos, el impuesto será remitido trimestralmente al Departamento del Tesoro, y los ciudadanos estadounidenses podrán solicitar un crédito fiscal equivalente al monto pagado por concepto de remesas durante el año fiscal.
La nueva estructura de remesas
En cuanto al funcionamiento de las transferencias, el nuevo sistema establece que el proveedor del servicio de remesas será responsable de cobrar el impuesto en el momento del envío y remitir el monto recaudado al Departamento del Tesoro. Además, los proveedores deberán presentar reportes periódicos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) detallando las transferencias realizadas, el impuesto cobrado y las declaraciones de los remitentes que deseen reclamar el crédito fiscal.
La entrada en vigor de este impuesto a las remesas genera incertidumbre en un sector económico fundamental para millones de familias en todo el mundo. Mientras que países como México ya toman medidas para mitigar los efectos negativos de la ley, organizaciones y economistas de la región hacen un llamado para que se establezcan mecanismos que no afecten el bienestar de los migrantes y las economías dependientes de estas transferencias.
