El Poder Ejecutivo emitió este miércoles el decreto 197-26, a través del cual ordenó la reactivación del plan nacional para regular las bancas de lotería, puntos de venta o agencias y bancas de apuestas registradas en el territorio nacional.
Según establece el documento firmado por el presidente Luis Abinader, las autoridades intentan lograr con este proceso culminar “el proceso de depuración, validación y formalización” de los operadores del sector.
Precisamente, la Lotería Nacional será la institución encargada de velar por el cumplimiento de esta disposición gubernamental, fungiendo como coordinadora de un consejo consultivo que integrarán también otras autoridades.
En el caso de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), miembro de la mesa de trabajo, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los operadores del sector, facilitar la incorporación provisional de los establecimientos regularizados al régimen tributario correspondiente, así como apoyar los procesos de fiscalización y control derivados del Plan Nacional de Regularización.
Mientras que el Ministerio de Hacienda y Economía tendrá la responsabilidad de “elaborar o proponer los instrumentos normativos que sean necesarios para dicha regularización”.
“Se declara de interés nacional la regularización de las bancas de apuestas que operen en todo el territorio nacional”, versa el artículo 3 de la pieza.
El Concejo también está conformado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), un representante de los concesionarios, la Asociación de Bancas de Apuestas Deportivas, la Comisión Hípica Nacional.
Asimismo, la Asociación de Casinos de Juegos y el arzobispo coadjutor, monseñor Tomás Morel. Los representantes de los órganos antes mencionados que sean parte de esta iniciativa ejercerán sus funciones de manera honorífica, de acuerdo con lo expresado en la misiva del mandatario Abinader.
La pieza, firmada el 26 de marzo de 2026, también deroga el decreto 295-22, dejando sin efecto la estructura anterior y consolidando un nuevo esquema institucional para la supervisión de bancas, puntos de venta, apuestas deportivas, casinos y otros juegos de azar.
