
A ocho meses del lanzamiento de la campaña “Déjala Ir” por parte del Congreso Nacional, los 13 proyectos de ley destinados a reducir los feminicidios y la violencia de género en la República Dominicana permanecen estancados en las distintas comisiones legislativas, sin avances significativos en su aprobación.
Las iniciativas fueron depositadas entre septiembre y octubre de 2025 como parte de un plan integral impulsado por la Cámara de Diputados, con el objetivo de disminuir los feminicidios y filicidios para el año 2030 y erradicarlos completamente en 2035. Sin embargo, según el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados, todas las propuestas ya vencieron el plazo reglamentario para ser conocidas y continúan atrapadas en la etapa de estudio.
El lento avance legislativo ha generado preocupación en medio de la creciente alarma social provocada por los recientes casos de feminicidios registrados en el país. De acuerdo con los datos legislativos, la mayoría de las piezas apenas han sido discutidas en dos reuniones de comisión, mientras que solo una ha alcanzado cinco encuentros de debate.
Cuando fue presentada la campaña “Déjala Ir”, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, aseguraron que las iniciativas serían tratadas como prioridad nacional y aprobadas con rapidez. No obstante, las propuestas no han logrado superar la fase inicial de análisis congresual.
Ante la falta de avances, legisladores proponentes anunciaron que solicitarán la creación de una comisión bicameral especializada que dé seguimiento a las iniciativas vinculadas con la prevención de la violencia de género. Asimismo, impulsarán la declaratoria de los feminicidios y filicidios como una emergencia nacional.
Entre los proyectos depositados se incluyen propuestas para el empoderamiento económico de las mujeres, mecanismos de respuesta rápida ante situaciones de violencia, prevención de la violencia intrafamiliar y la creación de un registro nacional de agresores.
Las reformas también contemplan la creación de una jurisdicción especializada en violencia de género, la selección de juezas con perspectiva de género, modificaciones a la legislación de niñez, la implementación de un sistema de protección frente a la violencia reproductiva y la instalación de casas de acogida en todo el territorio nacional.
A pesar de haber sido presentadas como medidas urgentes frente a la violencia machista, ninguna de las iniciativas ha sido aprobada ni enviada al pleno para su conocimiento definitivo.
En medio del debate nacional, dos nuevas propuestas legislativas fueron presentadas esta semana en el Senado. El senador por Hato Mayor, Cristóbal Castillo, sometió el proyecto “Alerta Mujer”, orientado a establecer un sistema de respuesta rápida y coordinada entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 y el Ministerio de la Mujer.
De igual manera, el senador Pedro Catrain propuso destinar el 10 % de los bienes recuperados mediante la Ley 60-23 sobre Extinción de Dominio al fortalecimiento de políticas públicas de prevención y atención de la violencia contra la mujer.
La situación ha reavivado el debate sobre la capacidad de respuesta del Congreso frente a una problemática que continúa cobrando vidas y generando preocupación en la sociedad dominicana.



